¿Apoyo crítico al Manifiesto por la lengua común?
Aunque valoramos positivamente la iniciativa “Manifiesto por la lengua común” pensamos que el problema no es la defensa del castellano sino velar por los derechos individuales de quién elige el castellano en sus relaciones con la administración o en sus actividades privadas en cualquier lugar del Estado.
El reciente incidente del Gobierno Balear con Air Berlín nos hace pensar que la coacción ejercida por ciertas administraciones autonómicas crece en el sentido de no respetarse lo los derechos individuales.
Enlace manifiesto:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/06/22/manifiesto.pdf
Julio 1st, 2008 at 14:04
Escribís:
“… pensamos que el problema no es la defensa del castellano sino velar por los derechos individuales de quién elige el castellano en sus relaciones con la administración o en sus actividades privadas en cualquier lugar del Estado.”
y parece que el manifiesto no velara por lo mismo, cuando en él se puede leer:
“Son los ciudadanos quienes tienen derechos
lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las
lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan
cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen
derecho a recibir educación y ser atendidos por la
administración en ella, pero las lenguas no tienen
el derecho de conseguir coactivamente hablantes
ni a imponerse como prioritarias en educación,
información, rotulación, instituciones, etc… en
detrimento del castellano (y mucho menos se
puede llamar a semejante atropello “normalización
lingüística”).”
Podríais, por lo menos, citar alguna manera de “velar por los derechos individuales de quien elige el castellano en sus relaciones con la administración o en sus actividades privadas en cualquier lugar del Estado” diferente de las que se sugieren el el manifiesto que explique vuestra diferencia de criterio (si la hubiera).
Julio 1st, 2008 at 21:56
El mismo título repele. Lo de la “lengua común” no suena muy bien. Hay que defender la libertad para usar todas las lenguas. Que una sea “común” no resulta relevante.
Julio 1st, 2008 at 22:28
Bensoussan, Díez no ha dejado de repetir que no se trata de defender el castellano sino los derechos individuales.
Julio 2nd, 2008 at 10:33
“El mismo título repele. Lo de la “lengua común” no suena muy bien. Hay que defender la libertad para usar todas las lenguas. Que una sea “común” no resulta relevante.”
Tal vez por eso el manifiesto añade, a modo aclaratorio, supongo, alguna que otra palabra más debajo del título (como unas tres páginas).
Que todos lo ciudadanos de un estado hablen la misma lengua (por lo menos una) les permite comunicarse libremente entre ellos, sean quiénes sean y estén donde estén. Esto no es irrelevante.
Otra cosa es que tenga que ser el Estado quien tenga que imponer a sus ciudadanos la lengua en que tienen que comunicarse entre ellos. Esto, en un país medianamente civilizado con ciudadanos razonables, es a todas luces innecesario porque serán los propios ciudadanos quienes, libremente, elijan una lengua común con la que comunicarse para facilitar sus relaciones. Y, de hecho, esto es lo que efectivamente ocurre en España donde la mayor parte de sus ciudadanos conoce (mejor o peor) el castellano.
Lo que se deduce (lo que yo deduzco, al menos) de una lectura serena del manifiesto de marras es la denuncia de la amenaza, en algunos territorios del Estado, del derecho de sus ciudadanos a comunicarse libremente con cualquier otro ciudadano unida (la denuncia) a una serie de posibles puntos a tener en cuenta (y éstos, en concreto, entedería que fueran discutibles) para prevenir dicha amenaza.
Julio 2nd, 2008 at 12:12
¿Quién debe decidir/Cuál es el ámbito de decisión
- para delimitar en qué territorio concreto se aplica? (y)
- a qué personas se aplica? (residentes, nacionales, étnicas, europeas…?) (y)
- cuál será -estamos hablando jurídicamente- esa lengua? (además de)
- legislar los oportunos mecanismos correctores para que los individuos (colectivamente o no) discrepantes se avengan a gozar de tal común oficialidad?
¿Cuáles son los fundamentos políticos del deber -constitucional- de conocer una/la que sea lengua común? ¿Y los de declararla ‘oficial’ -con sus implicaciones esencialmente coactivas-?
¿La(s) libertad(es) es(son) de ’suma cero’ o de cada individuo? (ponedle ‘debieran ser’ donde pone ‘es(son)’)
Julio 2nd, 2008 at 15:22
Las cuestiones que planteas al manifiesto, Rafa, me parecen bastante más sólidas desde el punto de vista liberal. Básicamente porque apuntan al papel del Estado.
Si esas preguntas van dirigidas a los redactores del manifiesto, las respuestas que se derivarían del propio manifiesto (o las me parece a mí que se derivan de él) serían:
-¿Quién debe decidir/Cuál es el ámbito de decisión para delimitar en qué territorio concreto se aplica?
Supongo que cuando dices “se aplica” te referirás a esa “normativa legal del rango adecuado” que se solicita en el manifiesto.
“Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español…”. El Parlamento español, pues.
“La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional…”. En el territorio español, pues.
-¿A qué personas se aplica?
¿A qué personas se aplica… qué? Si te refieres al derecho a ser educado y atendido por la administración pública en un idioma común a todo el territorio “… siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles”. A los ciudadanos españoles, pues (o sea, a las personas de nacionalidad española dentro del territorio español).
-¿Cuál será -estamos hablando jurídicamente- esa lengua?
La que el Parlamento español decida (¡Vaya marrón! ¿Eh? ¿Cómo decide el parlamento qué es y qué no es, por ejemplo, castellano? ¿Le pregunta a la R.A.E.? ¿Y qué se hace con la mayoría del los españoles que, pese a hablar castellano, no habla, según la R.A.E., correcto castellano?).
-¿Cuál es el ámbito en que legislar los oportunos mecanismos correctores para que los individuos (colectivamente o no) discrepantes se avengan a gozar de tal común oficialidad?
Congreso y Senado españoles, asumo. Pero no creo que sea necesario ningún mecanismo corrector para ejercer el derecho a ser educado y atendido por la administración pública en un idioma común a todo el territorio. Si no se quiere ejercer ese derecho, no se hace y punto ¿no?
-¿Cuáles son los fundamentos políticos del deber -constitucional- de conocer una/la que sea lengua común?
La posibilidad para los ciudadanos de comunicar con la administración pública estatal en cualquier lugar del territorio administrado (parece un poco retorcido pero asumo que cómo se comuniquen los ciudadanos entre ellos y no con las instancias públicas, es sólo problema de ellos, no del Estado).
… Y la pregunta estrella:
-¿La(s) libertad(es) es(son/debieran ser) de ’suma cero’ o de cada individuo?
Las libertades de cada individuo se hayan en permanente conflicto dialéctico con las de los demás individuos y con el Estado (si lo hubiera, que lo hay). Si no te interpreto mal (si lo hago, por favor, corrígeme) te refieres con ‘libertad de suma cero’ a la manera en que se resuelven los conflictos derivados del ejercicio de todas estas libertades (que, si son conflictos entre individuos, será de mejor o peor rollo entre ellos y si son conflictos entre individuos y estado, será por los santos cojones del estado).
Si todo esto es así, decía, en el manifiesto se hace referencia a una libertad individual (la de ser educado en una lengua común y comunicarse en dicha lengua común con las instituciones públicas en todo el territorio nacinal) la cual, para poder ser ejercida, implicaría la existencia previa de una lengua común, dicha lengua común vendría a ser, entonces, una suerte de “libertad de suma cero”.
Julio 3rd, 2008 at 10:54
Las cuestiones no se las planteo al Manifiesto/a los manifestantes, que las responde/n indirecta pero meridianamente, sino a los opinantes mayormente simpatizantes de/en JJLL.
Julio 3rd, 2008 at 14:11
Aclarado.
Como liberal, considero innecesaria la existencia de una/s lengua/s oficial/es y, no ya innecesaria sino inconveniente, la existencia de cualquier normativa legal que la/s regule.
Sin dejar de ser liberal, considero también ventajosa la existencia de una lengua común (ojo que no digo oficial).
Julio 3rd, 2008 at 17:27
Rafa, Ángel
Como liberales, hace falta, como mínimo y como máximo UNA lengua oficial. Si queremos un Estado limitado, es necesario que la Constitución (que es la norma que limita la actuación de los órganos ordinarios) señale una lengua en la que tenga que funcionar la administración. De otra manera, su funcionamiento podría ser anárquico, con el coste burocrático que ello ocasionaría.
Julio 3rd, 2008 at 18:21
No hace falta ninguna “lengua oficial”. Los individuos eligen en qué lengua les conviene expresarse, y el mercado hace coincidir los intereses.
Julio 3rd, 2008 at 18:36
“Rafa, Ángel
Como liberales, hace falta, como mínimo y como máximo UNA lengua oficial. Si queremos un Estado limitado, es necesario que la Constitución (que es la norma que limita la actuación de los órganos ordinarios) señale una lengua en la que tenga que funcionar la administración. De otra manera, su funcionamiento podría ser anárquico, con el coste burocrático que ello ocasionaría.”
Absolutamente de acuerdo. Fdo: una miembrA de JJLL.
Besos.
Julio 4th, 2008 at 0:33
El último comentario me parece de lo más acertado. Es casi una Perogrullada resaltar las virtudes de tener una lengua común cuando se cree en principios universales, humanos, individualistas y no abstraciones metareales. Alguien cuestiona la utilidad de un sistema internacional de medidas? Lo más miserable de este fraticidio linguístico es la pugna nacionalista que conlleva. Cuando hablamos de proteger una lengua la cuestión de fondo es defender un determinado modus vivendi. Y sería perfecto… Si no fuese desde luego algo interesado, un problema que aparece porque es excluyente y atomizante. Ninguna diversidad es posible sin una unidad (común): lo contrario es esquizofrenia y un mal gobierno, opresivo y arbitrario. Reclamar la formación y el uso en una lengua única administrativa, central y no territorial, es precisamente de esas intervenciones mínimas y generales que facilitan enormente la vida de las personas y en las que aquellos que creen en los derechos individuales (universales) no pueden renunciar. Partido Liberal ya!
Julio 5th, 2008 at 1:19
Por cierto, que JJLL se curre algo para mañana, que el la manifa del Orgullo Gay y deberíamos dejar claro los liberales que no somos homófobos, como algunos ilustres locutores hacen parecer ante la ciudadanía al autocalificarse de “liberales”.
Julio 20th, 2008 at 18:03
Un grupo de catedráticos y profesores de varias universidades constata que el castellano, lejos de estar en peligro, mantiene tales ventajas sobre el catalán, el gallego y el euskara que su exacerbada defensa sólo puede tener un móvil ideológico.
Asistimos en estos días a una nueva oleada de nacionalismo lingüístico español de la que el principal botón de muestra es el Manifiesto por la lengua común que ha promovido una veintena de intelectuales de prestigio. El texto en cuestión se asienta en certezas que nacen de aquello que, al parecer, no puede someterse a discusión, como ocurre, por lo demás, en muchos ámbitos de la vida de un Estado que presume de su condición democrática. En las disputas correspondientes adquiere singular relieve la Constitución de 1978, producto de un pacto en el que, en ámbitos sensibles como éste, se impusieron normas sin recabar la opinión de los afectados. Aun en el caso de que aceptásemos la condición inequívocamente democrática del referendo constitucional de aquel año, habría que preguntarse si tres decenios después no es legítimo reclamar, en sentido bien diferente del que invocan los promotores del manifiesto mencionado, una revisión de las normas entonces instituidas. Las cosas como fueren, es significativo que la nueva oleada de nacionalismo lingüístico español prefiera esconder que las reglas que hace suyas no son precisamente neutras.
Llama poderosamente la atención que las mismas personas que afirman con particular insistencia y frente a toda evidencia, tal y como lo revelan las leyes que afectan entre nosotros a las lenguas que los derechos no acompañan ni a éstas ni a los territorios, sino a las personas, no aprecien problema alguno en el enunciado que se ha convertido en guía principal del Manifiesto por la lengua común: el de que, mientras todos los ciudadanos españoles están obligados a conocer el castellano esto no es, al parecer, una imposición, sino un hecho cuya consistencia, sin más, se supone, los hablantes de otras lenguas disfrutan, sin más, del derecho a emplear estas últimas. Si sobran las razones para concluir que semejante enunciación contradice palmariamente lo que afirma el artículo 139.1 de la Constitución en vigor Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado,más inquietante es que en la España de hoy se dé por demostrada, al parecer hasta el final de los tiempos, la adhesión popular a reglas como la invocada, en un escenario en el que se hace valer una oposición cerril al despliegue de mecanismos que permitan conocer si la ciudadanía acata esas reglas o, por el contrario, las repudia.
Quienes defienden que el castellano es superior, natural y útil olvidan su imposición
Para el nacionalismo lingüístico español la lengua castellana es superior, cómoda, fácil y útil, virtudes todas ellas que son siempre el producto de circunstancias naturales, nunca de la imposición y la represión. Las lenguas de los demás son, por el contrario, molestas, arcaicas, antieconómicas y francamente prescindibles. Al tiempo que la defensa del castellano se ajusta por definición a un impulso democrático, la de las restantes lenguas responde cabe entender a espurios y cavernarios intereses marcados por esa felonía que identifica el Manifiesto por la lengua común; si en las segundas se revelan por doquier los espasmos negativos de los nacionalismos, por detrás de la primera no habría, en cambio, nacionalismo alguno.
La estrategia principal no nos engañemos apunta a ratificar la situación de incómoda marginación y minoría de las lenguas no castellanas, y a hacerlo de la mano de medidas que tienen un cariz visiblemente asimétrico. Baste como botón de muestra el recordatorio de que los firmantes del manifiesto que nos ocupa entienden que, aun siendo recomendable que en las comunidades calificadas de bilingües la rotulación de edificios y vías públicas se registre en las dos lenguas, en modo alguno podrá realizarse en exclusiva en la lengua propia del país en cuestión, sin que,por omisión, y cabe entender, se rechace la posibilidad de que la rotulación se produzca únicamente en castellano.
El idioma y la fuerza
Conocer el español es obligatorio; los hablantes de otras lenguas sólo tienen derecho a su uso
A los ojos de los nacionalistas lingüísticos españoles, la lengua común no se impone por la fuerza tal horizonte es ontológicamente inimaginable,frente a lo que ocurre, al parecer, con las lenguas no castellanas. Mientras se rechazan determinadas políticas alentadas por los gobiernos autonómicos que se limitan a reclamar para las lenguas respectivas las mismas prerrogativas de las que disfruta el castellano en Madrid, en Sevilla o en Valladolid, se prefiere olvidar cómo, en el pasado y en el presente, medidas aplicadas a menudo con saña y violencia han beneficiado de siempre al castellano y explican, siquiera parcialmente, su condición de visible preeminencia contemporánea. Mientras se manipulan y magnifican, en suma, los problemas que los castellanohablantes puedan encontrar en algunos lugares, se esquiva toda consideración en lo relativo a la delicada situación en la que se encuentran el catalán, el gallego y el vasco, y ello sobre la base de la increíble afirmación de que los objetivos de dignificación de esas lenguas ya han sido, al parecer, satisfechos.
No consta que los nacionalistas lingüísticos españoles, de siempre interesados en defender en exclusiva su lengua, se hayan pronunciado en momento alguno en favor de los legítimos derechos de los hablantes de las lenguas no castellanas. Que en los hechos el principio de libre elección lingüística en el sistema educativo sólo se postula para los castellanohablantes lo certifica la ausencia, dramática, de toda consideración en lo que atañe a ese principio aplicado, por ejemplo, en las personas de los hablantes de catalán, gallego y vasco que residen fuera de los territorios en los que las lenguas correspondientes son oficiales. Al cabo parece obligado concluir que esas lenguas no son percibidas como propias, circunstancia que da al traste, de paso, con cualquier proyecto creíble de bilingüismo: llamativo es que, mientras los nacionalistas lingüísticos españoles se desenvuelven orgullosamente como monolingües en castellano, se rechaza que los hablantes de catalán, gallego y vasco puedan comportarse como monolingües en las lenguas respectivas. Lo que en los hechos se reivindica un monolingüismo de facto es percibido en cambio como una afrenta cuando se sobreentiende que es la apuesta de los gobernantes de las comunidades autónomas que disponen de lenguas propias.
Una curiosa defensa
El Manifiesto por la lengua común configura, en fin, una curiosa defensa de una lengua que pareciera no tener a su disposición ningún tipo de apoyo. Para certificar lo contrario ahí están la maquinaria del Estado, el sistema educativo, un sinfín de rancias instituciones, el grueso de los medios de comunicación, buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica, el respaldo de intelectuales de prestigio y, en fin, las propias fuerzas armadas. Por si poco fuere, y a tono con los tiempos, el manifiesto que nos interesa recaba para sus promotores la doble condición de luchadores por los derechos humanos y de defensores de los desheredados. Pena es que, por muchos esfuerzos que se hagan, el texto no acierte a ocultar la defensa obscena de privilegios tan impuestos como asentados, y la ritual demonización, también a tono con los tiempos, de quienes disienten, paradójicamente tildados, a menudo, de fascistas y totalitarios. Que semejante campaña sea atizada, en suma, desde medios de comunicación y cenáculos de la derecha más montaraz dice mucho de su sentido más profundo.
Firmantes:
Carlos Fernández Liria
profesor de Filosofía UCM
Montserrat Galcerán
catedrática de Filosofía, UCM
Pedro Ibarra
catedrático de Ciencias Políticas, UPV
Juan Carlos Moreno Cabrera
catedrático de Lingüística, UAM
Arcadi Oliveres
profesor de Ciencias Políticas, UAB
Jaime Pastor
profesor de Ciencias Políticas, UNED
Carlos Taibo
profesor de Ciencias Políticas, UAM
Julio 21st, 2008 at 15:31
La cuestión de fondo del Manifiesto dudo que sea establecer un estatuto protegido de Darwinismo idiomático, aunque es evidencia que las lenguas libres crecen, se desarrollan y a veces mueren… Hablantes eligen. No es el caso. Pero lo realmente inadmisible es una torre de Babel institucional y educativa. Estoy convencido que JJLL tiene una solución global. Inglés?
Julio 23rd, 2008 at 9:38
Ni siquiera los de Juventudes Liberales somos tan listos como para encontrar soluciones globales e imponerlas a los hablantes.
Hay que dejarles libres, ya se apañarán.
Julio 23rd, 2008 at 18:43
Dejarles la mano del destino de la lengua sin duda. Pero dado el caso realista que aquí no tengo ninguna duda de juventudesliberales en su apuesta por un Estado pequeño, mejor cuanto más controlado. Y un estado fragmetario y múltiple sólo implica más burocracia. Sé q hay corrientes de opinión pero cuanto más enmarcado éste en unos limites definidos más eficaz y autolímitado será.
Mi conciencia es universalista y creo q toda tradición liberal recoge esta concepción.
En palabras de J.Gray, (el liberalismo) “afirma la unidad moral de la especie humana y concede una importancia secundaria a las asociaciones históricas específicas y a las formas culturales”, y es meliorista “por su creencia en la corregibilidad y las posibilidades de mejoramiento de cualquier institución social y acuerdo pólitico” (en el mismo contexto, el autor tb sostiene asimismo su cáracter de individualismo igualitario). Ese párrafo, regogido en su clásico liberalismo, siempre me pareció revelador y extremadamente lúcido.
Julio 28th, 2008 at 14:33
No está tan claro que un estado fragmentario y múltiple sea peor. La competencia entre administraciones es muy saludable y eficaz para ahorrar gastos. Y siempre permite huir.