La ministra Trujillo demostró la ineficacia de los burócratas para aumentar el número de viviendas en alquiler. El al gastar 20 millones de euros en la gestión de 2.000 arrendamientos, lo que supone unos gastos de 10.000 euros por vivienda.
El gobierno de Cataluña ha decidido dar un paso más, ha tomado una decisión que tendrá consecuencias nefastas para la economía. Con la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda autorizan a la Generalitat a expropiar temporalmente el uso de los inmuebles para destinarlos al alquiler. Esta ley supondrá un duro golpe contra la seguridad jurídica, ya que la administración determinará qué viviendas están desocupadas, cuáles deben ser requisadas, y quienes serán los afortunados ocupadores de las propiedades ajenas. Supone además un ataque contra el derecho de propiedad, la institución sobre la que se basa todo el bienestar de los países desarrollados.
Es evidente que existen problemas en el mercado del alquiler. No es lógica la existencia de viviendas desocupadas, cuando éstas podrían generar una renta para el propietario, y paliar la escasez y carestía de los arrendamientos. Sin embargo todo el problema está originado precisamente por la intervención del Estado, y en su debilidad para defender los derechos de propiedad. Los dueños se arriesgan demasiado al alquilar sus inmuebles, porque las leyes protegen a los morosos de mala fe. En caso de impago el desahucio cuesta demasiado tiempo y dinero. Las restricciones a la libertad de contratación impiden que muchos propietarios e inquilinos puedan negociar las condiciones convenientes para ambos de su relación.

http://www.noticias.info/asp/aspComunicados.asp?nid=242803&src=0

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