El Partido Popular de Baleares se caracterizó durante su gobierno por ser un enemigo encarnizado de la libertad de comercio. Para beneficiar a ciertas mafias locales, decretó una moratoria para las grandes superficies y franquicias.
Las mejores empresas, aquellas que cometen el delito de crear más de 500 empleos o atraer a demasiados clientes tenían estrictamente prohibida su entrada en las islas. El resultado lo padecen los trabajadores baleares: soportan unos precios abusivos y se ven obligados a comprar en los negocios que ellos no quieren elegir. Son muchos los que han visto frutradas su expectativas profesionales y sus oportunidades de negocio por culpa de la represión proteccionista.Con la ayuda de las patronales mafiosas el PP se dedicó a denunciar a todos aquellos que bajaban los precios fuera de la temporada de rebajas, o que pretendían satisfacer a sus clientes ampliando los horarios.
El Partido Socialista, lejos de defender el derecho de los trabajadores a llegar a fin de mes, ha decido pagar el diezmo a los caciques locales, los que mantienen sus negocios eliminando a la competencia y obligando a los consumidores a acudir a sus comercios pagando un sobreprecio.

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