La Xunta de Galicia ha decidido romper la unidad de mercado que le une a Europa utilizando como barrera la política lingüística. Las empresas foráneas tendrán mayores dificultades para ofrecer sus productos y servicios a los ciudadanos gallegos, que unas veces podrán salvar elevando sus precios. El pequeño tamaño de esta comunidad autónoma y su dependencia del exterior agravan los efectos del intervencionismo nacionalista. No olvidemos que el PIB de Galicia está en torno a los 55.000 millones de euros, y sus importaciones fuera de España superan los 15.000 millones.
La excusa para levantar esta barrera ha sido, paradójicamente, la defensa de los derechos de los consumidores. La nueva normativa restringirá las libertades de los consumidores y les prohibirá acceder a los productos de muchas empresas foráneas, aumentando los precios y bajando la eficiencia del mercado. Hasta ahora los gallegos tenían plena libertad para elegir las empresas que utilizaran la lengua de su elección, y rechazar a aquellas que no lo hicieran. El mercado es el mejor defensor de los derechos lingüísticos de los individuos. A partir de ahora serán rehenes de los caciques locales, que usarán la nueva legislación para eliminar la competencia.
El gran avance para el progreso que ha supuesto la creación de un único mercado europeo puede verse frenado por los caciquismos locales. La repuesta al proteccionismo nacionalista ha de darse en el seno de la U.E. : todo producto o servicio que pueda ser vendido en un país europeo debe poder ser exportado y comercializado en toda la unión.

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