Hemeroteca / La PAC y los cayucos

Si las mercancías no pueden cruzar las fronteras, lo harán los soldados. Frederic Bastiat (economista francés, 1801-1850)

No son soldados los que amenazan por ahora las fronteras de Europa, sino millones de seres humanos desesperados por entrar en nuestro continente para alcanzar un modo de vida mejor: la posibilidad de ganar un sustento, tener un techo bajo el que cobijarse y poder alimentar a sus hijos. Y si un día toda Africa trata de cruzar nuestras fronteras, no habrá ejército capaz de detenerla.

En los últimos 50 años Europa se ha venido construyendo sobre una gran paradoja: presumir de ser el mayor mercado del mundo, pero al mismo tiempo blindarse ante otros mercados, principalmente Africa y Asia. Las políticas de libre mercado que han permitido que paises como España, Irlanda o Grecia salgan de su secular atraso no se hacen extensivas ni siquiera a nuestros vecinos más próximos de Africa. Europa pone el grito en el cielo ante políticas proteccionistas industriales de EEUU cuando la mitad de su propio presupuesto se destina al proteccionismo. Los estados europeos patrocinan viajes de nuestros empresarios para abrir mercados en Africa, Asia y América latina, mientras pone grandes impedimentos para que los productos de esos paises crucen nuestras fronteras. Y todo ello en perjuicio de los propios ciudadanos de Europa.

El mayor instrumento proteccionista que se inventó la vieja CEE fue la Política Agraria Común, la PAC, que ya aparece en el tratado fundacional de 1957 (artículo 33 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) con distintos objetivos:

a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;

b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;

c) estabilizar los mercados;

d) garantizar la seguridad de los abastecimientos;

e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

Como todas las políticas públicas, estos nobles objetivos han tenido multitud de efectos indeseados.

La productividad efectivamente se incrementó, hasta el punto de generar excedentes (ya subvencionados) que luego debían ser destruidos, o peor aún: parte de los excedentes eran enviados a paises del tercer mundo no con un propósito humanitario de paliar el hambre, sino saturando los mercados locales y arruinando el único modo de vida de millones de africanos.

El aumento del nivel de vida de la población agrícola se ha basado en la transferencia de recursos de la parte productiva de la economía europea, y ha creado una malsana dependencia de millones de europeos de las subvenciones públicas, además de haber generado una red clientelar y de corrupción política que alcanza a todos los niveles de la administración: desde ayuntamientos hasta Bruselas.

La pretendidad estabilización de mercados no es más que una adulteración del mismo. Sólo un sistema de precios libres puede orientar al agricultor hacia los productos más deseados por los consumidores. Precios artificiales han motivado el sostenimiento de cultivos poco rentables o incluso deficitarios, provocando grandes quiebras entre nuestros agricultores cuando tal cultivo o tal otro salen de las listas de productos subvencionados a raíz de luchas políticas.

El deseo de garantizar la seguridad de abastecimiento nace después de una década de escasez causada por la II Guerra Mundial. En lugar de optar por una apertura al gran mercado americano (cuando paises como Argentina se consideraban el granero del mundo) se optó por alcanzar la autosuficiencia, cerrando así a millones de agricultores americanos, africanos y asiáticos acceder al mercado europeo.

Finalmente, el único precio razonable es aquel en el que se ponen de acuerdo para el intercambio comprador y vendedor. Forzar precios máximos lógicamente perjudicaría al productor, que abandonaría tal sector para tratar de obtener beneficio en un sector menos regulado, creando entonces la escasez. Y forzar precios mínimos obliga al consumidor a un gasto adicional para adquirir productos básicos para la alimentación. Un gasto que podría destinarse a otros sectores económicos que podrían ser más del interés del consumidor, abriendo nuevos mercados y nuevas oportunidades económicas que generasen mayor riqueza, empleo y bienestar.

Carlos Tarrazona

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