La mafia del ladrillo sigue viva
Los ciudadanos van a tener que apretarse el cinturón. Los trabajadores verán cómo se congelan sus salarios y sus expectativas de ascenso. Algunos ya están sufriendo el paro. Los autónomos y empresarios no lo tienen mejor. El volumen de actividad baja, aumentan los clientes morosos, se contrae el crédito e incluso los precios de la energía y la materia prima se disparan. Muchos no podrán evitar la quiebra.
A todos estas cargas se añade una más. Van a tener que pagar los platos rotos por las inmobiliarias. La mafia que une a los políticos y a los constructores sigue activa después del pinchazo de la burbuja. La corrupción moral ya no consiste en la administración de los permisos de construcción y las recalificaciones. Ahora pretenden meter la mano directamente en los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de la Vivienda va a dedicar un mínimo de 350 millones de euros a comprar el suelo que ya no quieren las inmobiliarias. La excusa es bien torpe, pretenden aumentar ahora las viviendas de protección oficial, que es tanto como regalar paraguas después de la tormenta. Tras la hecatombe del gremio inmobiliario los precios están a la baja, y se prevé la llegada al mercado de miles de viviendas embargadas. No tiene sentido aumentar artificialmente la oferta, y mucho menos realizar el esfuerzo social cuando los precios caen.
Los únicos beneficiados con estas medidas serán las empresas que han disfrutado de beneficios elevados y ahora reclaman dinero público para pagar las deudas. El partido en el gobierno tendrá que pagar un coste muy elevado por estas ayudas al sindicato del ladrillo. ¿Qué recibirá a cambio?
