Las personas decentes ya no pueden ni cultivar su jardín en paz. Recientemente un vecino de Sant Joan de Labritja (Ibiza) ha sido condenado a un año de cárcel por un delito contra la salud pública, por plantar marihuana en su propiedad. El mismo nombre del delito resulta ridículo, ¿cómo afecta a la salud pública lo que un ciudadano haga en su casa? Este señor no vendía heroína adulterada, no distribuía cocaína ni veneno en forma de pastillas a los menores. Simplemente plantaba cáñamo para su consumo propio, dentro de los límites de su finca. ¿Con qué derecho irrumpe el Estado en ella? Resulta incomprensible que las fuerzas policiales y los jueces estén obligados a vigilar las aficiones botánicas de la gente de orden, con el trabajo que deben tener. Los gobernantes deberían dedicarse a defender la propiedad, la vida y las libertades de los individuos, y no a inmiscuirse en su vida privada.
El gobierno socialista ha demostrado su incapacidad para cumplir ese cometido. Los criminales internacionales han descubierto que España es un paraíso para los delitos especialmente violentos, como el robo de casas a punta de pistola, con sus propietarios dentro. Las bandas juveniles de nazis, batasunos o latin kings ejercen en la calle y en los estadios de fútbol la autoridad abandonada por el Estado. Los ocupas usurpan impunemente las viviendas a sus dueños, con la complicidad de la ley. Las administraciones criminalizan a los propietarios, incluso la Generalitat de Catalunya pretende institucionalizar la “okupación”. La justicia es lenta y cara, tanto que muchos renuncian a recurrir a ella y se resignan. Los medios con los que cuenta en algunos casos son tercermundistas, como muy bien saben los asiduos a los juzgados de Ibiza. Los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil son insultantes, y desmoralizan a sus miembros. El control político al que están sujetas las fuerzas de seguridad es una lacra para la democracia. Sobre todo el dominio nacionalista de la Ertxantxa, que siempre se muestra tibia a la hora de socorrer a quienes son agredidos por la “kale borroka”. Tampoco la fiscalía ni los tribunales de justicia se libran del control partidista que destruye la separación de poderes. Basta con seguir la instrucción del caso 11 M para descubrir hasta dónde se ha degradado el sistema, y hasta dónde llegan los tentáculos
El caso del asesino De Juana refleja buena parte de los problemas de nuestro sistema penal y jurídico. Nuestras leyes establecen un sistema de tarifa plana para los terroristas. Por unos años determinados de prisión se puede matar a un número ilimitado de personas, y no es necesario el arrepentimiento para disfrutar de los beneficios penitenciarios. El resultado final es aberrante, el castigo para los asesinos en serie es ridículo, y el coste por matar a una persona más es cero. Tanto es así que la prisión efectiva por cada asesinato resulta inferior a la condena del jardinero de Sant Joan. Las circunstancias partidistas han influido en la situación del etarra. Las peticiones de pena del fiscal han coincidido casualmente con los intereses de Zapatero. Las decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo han sido relatadas como una batalla entre dos sectores antagónicos que tratan de favorecer a los suyos. Y una cosa ha quedado clara, un asesino terrorista ha conseguido poner en evidencia nuestro estado de derecho con su chantaje. Seguro que también lo celebrará con champán.

Nasser Mouaffak

*Publicado en el diario EL MUNDO / Ibiza y Formentera

This entry was posted on Martes, Marzo 6th, 2007 at 10:36 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.