No a las campañas institucionales

El próximo 20 de febrero se celebrará en España el referéndum para ratificar el tratado por el que se aprueba una constitución para Europa. En España, el voto es voluntario, y de hecho la abstención es la opción mayoritaria. Pero los gobiernos invariablemente se empeñan en usar el dinero de todos, incluidos los abstencionistas, en convencernos de que hay que votar.

El hecho de votar, como acción humana que es, no tiene por qué ser alentado desde las instituciones públicas con dinero de los impuestos. Cada persona, en un ejercicio de libertad y responsabilidad, decidirá si votar o no votar.

Peor aún es cuando la campaña pretende influir en el resultado del voto. Habrá españoles que votarán a favor de la constitución, otros que lo harán en contra, y otros que lo harán en blanco, pero el gobierno, convencido de la bondad del proyecto, usará los recursos de todos los contribuyentes, incluso los contrarios a la constitución europea, para apoyar el voto favorable.

Es decir, un gobierno que favorece el apoyo a la constitución europea hará su campaña con el dinero de los contrarios a la misma, y el de aquellos a los que les da lo mismo y no piensan votar.

Una vez más, los políticos creen saber mejor que los ciudadanos qué hacer con nuestro dinero.

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