El Estado del Bienestar está secuestrado por una casta de políticos a los que sólo les preocupa contentar a su clientela. La solidaridad se ha convertido en la excusa para que los grupos de presión y las clases sociales más poderosas obtengan privilegios, a través de los burócratas que intermedian. La decisión del gobierno de Zapatero de dar 2.500 euros por cada nacimiento es un claro ejemplo de esta deriva demagógica.
La ayuda se dará a todas y cada una de las familias, independientemente de sus ingresos o de su patrimonio. El efecto redistributivo es, por lo tanto, nulo o incluso regresivo, si tenemos en cuenta que las familias ricas suelen ser numerosas.
Desde el punto de vista del liberalismo progresista, esta decisión resulta un atentado contra las libertades individuales. La idea de que la planificación estatal debe llegar hasta el útero de las ciudadanas, y que debe influir en este tipo de decisiones personales es propia de mentalidades totalitarias. Sin duda en esta decisión hay un resabio de conservadurismo. Zapatero pretende ayudar a las familias. Pero para poder pagar 2.500 euros a las familias, es necesario subir los impuestos a esas mismas familias. Y por el camino se pierde parte del dinero público, que debe ser dedicado a publicidad institucional y gastos burocráticos.
Desde el punto de vista del socialismo democrático, esta medida supondría un robo a las clases humildes. Los fondos utilizados para pagar a las clases medias y altas no se pueden usar para atender necesidades sociales más urgentes.
Los cheques que repartirá generosamente nuestro presidente forman parte de la campaña electoral que se avecina. Resulta más rentable para conseguir votos agasajar a las clases medias que distribuir fondos entre los grupos marginales.

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