A pesar de la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, el gobierno socialista decretó una moratoria contra los trabajadores de esos dos países. Se cerró de esta forma una vía para la entrada legal de inmigrantes que hubiera sustituido el flujo de sin papeles. Miles de personas podrían haber escapado de esta forma de las redes de proxenetas y explotadores. No nos cansaremos que denunciar la actuación de la mafia de los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT. Estas dos organizaciones promovieron la prohibición que afecta a los más desvalidos de los trabajadores, imitando a los grupos de ultraderecha, también pretendidamente obrerista.
La administración socialista no se contentó con aplicar la moratoria. Decidió aplicar de forma ilegal el reglamento de extranjería a ciudadanos europeos, procediendo a deportaciones que violan los derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia.

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